Como abogados procesalistas en Marbella, corazón de la Costa del Sol, España tenemos el placer de escribir unas líneas sobre los cambios en el procedimiento de desahucio de una vivienda en España.

Si tiene un contrato de arrendamiento de una propiedad en España sujeto a la ley de Arrendamientos urbanos, e interpone demanda de desahucio, debe saber cómo influye la nueva modificación legislativa en este tipo de procesos. No dude en contactar uno de los abogados procesalistas en Marbella.

La primera novedad que encontramos en esta modificación legislativa operada por el Real Decreto Ley 7/19, de 1 de marzo, es la introducción en el apartado sexto del ordinal primero del artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento civil, de la excepción relativa al procedimiento ordinario, a fin de reconducirlo al tipo de procedimiento que corresponda por razón de la cuantía cuando ésta pueda estimarse. Así, de no tratarse de procedimientos cuya tramitación tiene prevista el legislador a una clase procedimental determinada, deberá acudirse a las reglas generales de la ley para determinar el cauce procedimental en atención a la cuantía del proceso.

Supone, por consiguiente, la valoración del objeto del proceso a los efectos de determinar el tipo de procedimiento, ya que, de tratarse de asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, habrá que acudir también a la valoración, si fuera de cuantía estimable para determinar si, por ser superior al límite de 6000 euros señalado por el legislador, correspondiera el cauce relativo al juicio ordinario, y ello de conformidad con el apartado 2 de los artículos 249 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Modificación proceso de desahucio en España

Una vez en el proceso de desahucio, se modifica el artículo 440 de la ley de enjuiciamiento civil, en lo relativo al requerimiento efectuado a la persona del Demandado, incluyendo en el señalamiento el día y hora exactos para la práctica del lanzamiento, advirtiendo desde la primera notificación que el Demandado, en caso de no atender el requerimiento ni oponerse se procederá a su lanzamiento el día y hora señalado.

Esta misma precisión de día y hora tiene también lugar en caso de producirse oposición del Demandado.

Ambas precisiones, al entender de nuestros abogados procesalistas en Marbella, pecan de extremo optimismo, toda vez que habría que estarse a las concretas circunstancias de cada partido judicial para determinar si, efectivamente pueden darse las condiciones para cumplir en sus propios términos la dirigencia de lanzamiento. Deben atenderse también a otras circunstancias de cada partido judicial, carga de trabajo, falta de medios materiales y humanos, y un largo etcétera que hacen que la pretensión de certeza en el momento del lanzamiento pretendida por el Legislador se torne en un condicionante externo a la pretensión de tutela judicial del actor.

Introduce también la norma el apartado 5º del artículo 441, suponiendo una importante modificación legislativa en el procedimiento de desahucio, toda vez que, en caso de encontrarse el demandado en situación de vulnerabilidad social y económica[1], se producirá una suspensión del procedimiento hasta tanto los servicios sociales atiendan las medidas necesarias para paliar dicha necesidad o, en otro caso, transcurra el plazo de un mes o tres meses desde la recepción de la comunicación a dichos servicios sociales por el órgano jurisdiccional, en función de que se trate de arrendador persona física o jurídica. La comunicación anterior se realizará de oficio por el órgano jurisdiccional y exigirá que éstos hayan confirmado que el hogar afectado se encuentra en la citada situación de vulnerabilidad social o económica.

 

WeLex, su abogado procesalista en Marbella

La exigencia de valoración por parte de los servicios sociales en España se viene a configurar como un auténtico óbice al lanzamiento, al disponer el artículo 549.4 la obligación de haber observado la valoración de la situación de vulnerabilidad con carácter previo al lanzamiento cuando se trate de vivienda habitual.

Esta exigencia para la protección de la vivienda habitual la observamos también en el procedimiento de ejecución de bienes hipotecados o pignorados, incluyendo en el artículo 686 la obligación de dotarse de este informe de los servicios sociales sobre la vulnerabilidad social o económica con idéntico contenido.

Como corolario al comentario a la reforma legislativa, los abogados procesalistas de nuestro despacho de Marbella deben indicar que la misma supone un lastre para la administración de justicia que, contando con los mismos medios deberá utilizarlos concretando hasta la hora, el momento del lanzamiento.

Por lo que se refiere a la remisión a los servicios sociales en España , la ausencia de criterios unificados para la valoración de la vulnerabilidad social o económica hacen que se torne en un mero formalismo dilatador del procedimiento, toda vez que no se puede determinar ad initio si debe o no oficiarse a los servicios sociales y, en cualquier caso, son éstos los encargados de valorar dicha situación de vulnerabilidad en cada caso.

De igual forma debemos discrepar de la propia suspensión, y no porque no atienda a una finalidad razonable de protección de la ciudadanía que se halla en situación de vulnerabilidad, sino por la dotación de un mayor plazo para realizar dicha valoración dependiendo de la persona del Arrendador, ya que nada empece la labor de los servicios sociales la circunstancia de tratarse el Arrendador de una persona jurídica.

En definitiva, el procedimiento de desahucio en España es ya de por sí lento en no pocas ocasiones, se carga con otros requisitos y condicionantes que lo dilatan aún más en su tramitación. Deberemos esperar a la práctica judicial para ver cómo se lleva a efecto estas nuevas exigencias introducidas por el Real Decreto Ley 7/19, de 1 de marzo.

Tiene usted alguna consulta sobre el contrato de arrendamiento de una propiedad en España? Necesita alguna aclaración relativo al procedimiento de desahucio en España? No dude en Contactar a nuestro despacho de abogados y economistas en Marbella. WeLex, abogado procesalista en Marbella está a su disposición para consulta relativo a la ley Española!

[1] Aunque desde la perspectiva estatal, el artículo 9.2 de la constitución, da carta de naturaleza a la valoración de la situación de vulnerabilidad social y económica, las comunidades autónomas han asumido amplísimas competencias en este aspecto, rompiendo con la unidad de criterios en la valoración de dicha situación en función de las distintas comunidades autónomas.

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