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Regulación relativa a la Declaración Responsable en Marbella

El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, ha venido a introducir para Andalucía una serie de medidas que pretenden reducir en determinados sectores económicos y productivos los trámites administrativos, para agilizar en la medida de lo posible el acceso a la actividad productiva de empresarios y emprendedores en Andalucía (España), simplificando los trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados.

Este Decreto-ley entró en vigor el pasado 13 de marzo de 2020 y modifica gran variedad de normas andaluzas en distintos sectores. En la presente entrada a nuestro blog, trataremos de darles a nuestros lectores una idea de las modificaciones que se producen en los trámites administrativos de carácter urbanístico.

Así en materia urbanística se revisan procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación, priorizando los mecanismos de la “declaración responsable” y  la “comunicación previa” en aquellas actuaciones que no tienen un impacto de control a través de licencias o autorizaciones administrativas.

Las licencias administrativas son actos reglados de la administración local que tienen por objeto principalmente la adecuación de las actuaciones a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. Así se pretende reducir los trámites administrativos para la realización de obras en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística sobre suelo urbano consolidado, sin que ello suponga un perjuicio a la seguridad jurídica, ya que este tipo de obras se realizan sobre edificaciones que de partida se ajustan a las determinaciones del plan urbanístico.

Igualmente se agilizan los trámites respecto a las licencias de ocupación y funcionamiento de las edificaciones en Andalucía para las que previamente se ha obtenido la preceptiva licencia de obras. El control de la administración debe limitarse a la comprobación de que la obra realizada se ajusta  a la licencia otorgada, lo que queda garantizado con el certificado final de obra emitido por los técnicos competentes. Por tanto el control administrativo de este tipo de actuaciones pasaría a realizarse a posteriori.

El Decreto-ley también pretende reducir los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Será necesaria presentar una “declaración responsable” ante al Ayuntamiento donde se encuentra las obras, las siguientes actuaciones urbanísticas:

  1. Aquellas obras de escasa entidad y sencillez técnica que no requieran un proyecto de técnico competente.
  2. Aquellas obras que se realicen en edificaciones ya existentes, en suelo urbano consolidado y que cumplan con la normativa urbanística, siempre y cuando no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven un aumento de la edificabilidad o el número de viviendas. También será necesaria una declaración responsable la ocupación o la utilización de estas obras y el cambio de uso de las mismas.
  3. Bastará una declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento para la primera ocupación y utilización de aquellas edificaciones nuevas, siempre que se encuentre terminadas y su destino sea conformo a la normativa y a la licencia de obras. Entendemos aquí que será suficiente el Certificado final de obra emitido por la dirección facultativa para acompañar a la declaración responsable ante el Ayuntamiento. La duda surge para el otorgamiento de la escritura de obra nueva y su inscripción en el Registro de la Propiedad, si será suficiente con aportar esta “declaración responsable” o bien se requiera de algún otro documento adicional.

En aquellos casos en los que estas actuaciones urbanísticas requieran de alguna autorización o informe previo, deberán presentarse junto con la “declaración responsable”.

Esta “declaración responsable” surtirá sus efectos desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida. Todo ello sin perjuicio de las comprobaciones e inspecciones que pueda realizar el Ayuntamiento.

La Administración Pública, mediante la correspondiente resolución, podrá declarar la imposibilidad de continuar con la actuación o el cese de la ocupación o utilización, siempre que aprecie inexactitud, falsedad u omisión de datos o documentos, de la declaración responsable.

Si la administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de 6 meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe, por la omisión de las adopciones de estas medidas de control.

Por último añadir que será preciso una “comunicación previa” a la Administración para los siguientes supuestos:

  1. Los cambios de titularidad de las licencias o declaraciones responsables, siendo responsables solidarios todos aquellos titulares que estén vinculados.
  2. El inicio de las obras
  3. Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor.

El Decreto-ley deja claro que no se entenderá adquiridas por declaración responsable o comunicación las facultades que vayan en contra del planeamiento urbanístico aplicable.

Será de aplicación la normativa relativa a protección de la legalidad y régimen sancionador de aquellas actuaciones que se realicen sin haber presentado la “declaración responsable” o que excedan de lo realmente declarado.

Las medidas adoptadas por este Decreto-ley sin duda tendrán su incidencia en el proceder diario.

No dude en ponerse en contacto con los profesionales de Welex para cualquier aclaración que precisen sobre este Decreto-ley o cualquier otra consulta jurídica que necesiten.