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Certificado de Seguridad Social: Obligación para promotoras en Marbella

En el marco de una promoción inmobiliaria en España, existen diversas obligaciones legales que deben tenerse muy presentes, especialmente al contratar a terceros para la ejecución de obras. Desde Welex, despacho de abogados y economistas en Marbella, le recordamos que toda promotora debe solicitar a la empresa contratada un certificado que acredite estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. A continuación, le explicamos en qué consiste esta obligación, a quién afecta y cuáles son sus implicaciones prácticas.

1. ¿Por qué debe una promotora inmobiliaria pedir el certificado de la Seguridad Social?

Cuando una sociedad promotora en España, especialmente en lugares como Marbella, contrata a una empresa para llevar a cabo una obra, está legalmente obligada a solicitar un certificado que acredite el cumplimiento con la Seguridad Social. Esta práctica no es solo un trámite normativo, sino una garantía legal y financiera ante posibles impagos.

2. Base legal: el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores

3. ¿Qué establece exactamente esta normativa?

El Real Decreto Legislativo 2/2015, en su artículo 42.1, establece que cualquier empresa que subcontrate parte de su actividad debe:

  • Verificar que la empresa contratada está al día con la Seguridad Social en España.

  • Solicitar una certificación negativa por descubiertos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

  • Asegurarse de que el certificado se emite en un plazo máximo de 30 días, sin posibilidad de prórrogas.

4. ¿A quién se aplica esta obligación?

Este requisito aplica tanto a entidades privadas como públicas. En el caso de una promotora inmobiliaria, la construcción forma parte de su actividad habitual, por lo que siempre debe verificar la situación de la empresa contratada.

5. ¿Qué se considera “propia actividad”?

El término se refiere a las actividades dentro del ciclo productivo habitual de la empresa. En promotoras, las obras de construcción se consideran su núcleo operativo, por lo que están directamente sujetas a esta obligación legal.

6. ¿Qué riesgos existen si no se solicita el certificado?

No solicitar este documento puede generar:

Solicitar el certificado es, por tanto, una acción preventiva clave.

7. ¿Cada cuánto se debe renovar el certificado?

Aunque la ley no establece una validez exacta, normalmente los certificados tienen una vigencia de aproximadamente 6 meses. En obras largas, se recomienda:

  • Solicitar actualizaciones periódicas.

  • Verificar constantemente la situación de la empresa.

8. ¿Hay excepciones a esta obligación?

No existen excepciones específicas. Solo si el contrato no está vinculado a la actividad principal de la empresa contratante, podría no aplicar. En el caso de promotoras inmobiliarias, esta excepción no es válida al tratarse de obras relacionadas directamente con su negocio.

Conclusión

Las sociedades promotoras en Marbella o en cualquier parte de España deben solicitar, por norma, el certificado de situación de la Seguridad Social a cualquier empresa que contraten para realizar obras. Esto no solo cumple con la ley, sino que ofrece protección jurídica y económica ante posibles incumplimientos del contratista. En definitiva, si usted representa a una sociedad promotora en España, debe tener muy presente la importancia de solicitar este certificado a cualquier empresa con la que contrate la ejecución de obras.

Desde Welex, su despacho de abogados y asesores fiscales en Marbella, le ofrecemos un asesoramiento integral para garantizar que cada paso de su proyecto inmobiliario cumpla con la normativa vigente y se desarrolle con total seguridad jurídica. No dude en contactarnos para recibir asistencia personalizada en la gestión de sus contratos y obligaciones frente a la Seguridad Social en España.


Decisiones administrativas en España

En cuanto a decisiones administrativas, se encuentra la Resolución Nº 1126/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 07/12/2018, que si bien se refiere a un contexto de contratación pública, hace referencia a un «Certificado de estar al corriente en las Obligaciones de Seguridad Social de fecha 11/09/2018, en la que se certifica que no existen ‘pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas de la seguridad Social'». Esta resolución evidencia la práctica de solicitar certificados que acrediten estar al corriente de pagos con la Seguridad Social en el ámbito de la contratación.

Consecuencias de No Solicitar el Certificado

Aunque los materiales proporcionados no detallan explícitamente las consecuencias de no solicitar el certificado, es importante señalar que el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece un régimen de responsabilidad para las empresas principales respecto a las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas.

La falta de diligencia en la comprobación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social por parte de los contratistas podría derivar en responsabilidades subsidiarias para la empresa contratante en caso de impago por parte del contratista.

Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre)

Extracto

ARTÍCULO 42. Subcontratación de obras y servicios. 1. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas deberán comprobar que dichas contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Resumen

El artículo 42 establece claramente que las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios deben comprobar que las contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Esto se realiza mediante la obtención de una certificación negativa or descubiertos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad (Ley 12/2001, de 9 de julio)

Extracto

Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Resumen

El fragmento establece claramente que los empresarios que contraten o subcontraten obras o servicios deben comprobar que los contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Esto se hace mediante la obtención de una certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, una sociedad promotora en España debe solicitar dicho certificado a la empresa que contrata para realizar una obra.

Resolución Nº 1126/2018 de Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 07/12/2018

Extracto

Certificado de estar al corriente en las Obligaciones de Seguridad Social de fecha 11/09/2018, en la que se certifica que no existen ‘pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas de la seguridad Social’

Resumen

El fragmento menciona la necesidad de un certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social como parte de la documentación requerida en un proceso de licitación pública. Aunque el contexto es de contratación pública, sugiere que la acreditación de estar al día con la Seguridad Social es un requisito relevante en procesos contractuales, lo que podría extrapolarse al ámbito privado como una buena práctica para asegurar el cumplimiento de obligaciones legales por parte de las empresas contratadas.

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